Un nuevo capítulo en este ya
largo y penoso conflicto palestino-israelí se ha desatado en las últimas horas,
tras el anuncio por parte del Presidente palestino Mahmud Abbas del inicio de
los procesos correspondientes para la adhesión de Palestina a 15 organismos y convenciones de Naciones Unidas, algo que está habilitado
para hacer desde que fue reconocido como Estado Observador en Noviembre de
2012. Esta decisión adoptada por las
autoridades palestinas surge como respuesta a la negativa de Israel de liberar
a 26 presos palestinos (capturados durante enfrentamientos previos a
los Acuerdos de Oslo de 1993), los cual
habían acordado llevar a cabo la última semana de Marzo.
A dicho escenario debe agregársele
el hecho de que Israel continúa con sus planes de creación de asentamientos en
zonas más allá de la línea verde, por ende determinados como territorios en
disputa. Increíblemente –por lo menos
para mí- las principales voces encargadas de llevar a cabo la intermediación entre
las partes, lejos de mostrar firmeza frente a las claras violaciones por parte
del gobierno israelí, intentan o mejor dicho atentan contra el derecho pleno de Palestina de exigir que se
cumpla lo pactado en el marco de negociaciones que se han venido desarrollando
en los últimos años. Potencias como
Estados Unidos y Reino Unido Han salido
al cruce de las intenciones palestinas mencionadas anteriormente, argumentando
que de nada ayudarán al proceso de paz, pidiendo al gobierno del Presidente
Abbas que posponga sus intenciones hasta alcanzar un acuerdo.
Un israelí = cuatrocientos palestinos
En paralelo a estas cuestiones se suma la intención del
primer ministro Benjamín Netanyahu de aprovechar
el contexto tal y como está planteado para exigir la liberalización de Jonathan
Pollard un espía israelí capturado en la década del 80 en Estado Unidos y
condenado a cadena perpetua por robar
documentos americanos. Este reclamo se ha convertido en una lucha política por
parte del primer mandatario israelí quien busca afianzar su mandato frente al
pueblo judío ya cansado en parte por la dilatación en el tiempo del conflicto
entre ambas naciones.
La promesa de Netanyahu es la detención del
proceso de construcción de asentamientos en las zonas de conflicto así como la liberalización
de 400 presos palestinos a cambio del regreso de Pollard a tierras israelíes, pedido
frente al cual Estados Unidos ya se ha pronunciado en contra en ocasiones
anteriores, e incluso el actual presidente B. Obama ha declarado que este
individuo había cometido un delito grave y necesitaba “cumplir su tiempo”.
El escenario actual.
Plantado el escenario de este modo, encontramos entonces por
una parte a una Palestina que se ve obligada a jugar cartas vitales para lograr
mantener su causa “viva” en el tablero internacional, quedando a medida que
transcurre el tiempo, con menos margen de negociación. Porque si bien entre los
organismos y estatutos que pretende incorporar se encuentran algunos de gran
trascendencia como la IV Convención de Ginebra sobre protección de civiles en
tiempos de Guerra y sobre los derechos de la mujer y el niño entre otras, las
que posibilitan a presentar las denuncias correspondientes frente a la Corte
Penal Internacional; esto no es garante de nada, puesto que ni Estado Unidos (si
bien en los últimos años ha flexibilizado en parte su postura frente al accionar
de la Corte) ni Israel ratificaron el Tratado de
Roma de 1998 en el cual se daba origen a dicha Corte.http://www.amnesty.org/es/campaigns/usa-and-international-criminal-court
Por otra parte tenemos a un gobierno israelí que no duda en
seguir adelante con su política de asentamientos como herramienta fundamental
para anexionar en la práctica cada vez
más territorios. La creación de asentamientos es de hecho una herramienta muy
efectiva de acuerdo a los intereses israelíes puesto que una vez establecidos,
con toda la infraestructura y principalmente toda la masa de civiles allí implantada,
resulta casi imposible por lo menos a
corto y mediano plazo la vuelta atrás de los mismos.
Esto en conjunto con el lobby que de manera brillante
mantienen los altos cargos israelíes en los distintos círculos de influencia política,
en suma con el claro juego de intereses que grandes actores como los ya
mencionados tienen depositados en esta zona del mundo; parece dejar en claro
que detrás del discurso pro acuerdo se
esconde la simple y llana intención de dilatar un problema que dista mucho ya de poseer solo un tinte religioso
y que ha tomado carácter (fundamentalmente en las últimas dos décadas )político
y económico , el cual desborda desde hace tiempo ya, la capacidad de los
principales organismos internacionales para resolverlo.